Respetados señores:
Como ustedes me han incluido en la lista de "ideólogos" de las organizaciones paramilitares, me permito aclararles lo siguiente:
Al igual que la mayoría del pueblo colombiano, condeno toda organización armada que pretenda reemplazar al Estado y arrebatar a éste el monopolio de la fuerza legítima. Como la mayoría del pueblo colombiano, siento repugnancia por los crímenes de los paramilitares o mal llamadas autodefensas, y creo que deben ser castigados por sus actos de barbarie.
Creo en el Estado social de derecho, en la plena vigencia de la Constitución y el absoluto respeto por los derechos fundamentales. Creo en la democracia y en su presupuesto necesario: la libertad del elector. Por ello abomino toda acción de fuerzas oscuras para respaldar a candidatos en las elecciones. Lo tengo muy claro: toda alianza entre políticos y paramilitares es punible.
Esas son las ideas que expreso y enseño a diario.
La opinión pública sabe que renuncié a ser asesor presidencial (febrero de 2003) por no compartir muchas acciones del gobierno de Álvaro Uribe, especialmente los decretos de conmoción interior, el referendo constituyente y los abusos que se cometen al amparo de la política de seguridad democrática, política esta cuya formulación conceptual puedo encontrar sustentable (EL COLOMBIANO, abril de 2003 y ALMA MATER, 2003)
La opinión pública sabe muy bien que critiqué la forma en que desde la Casa de Nariño se manejó al Congreso para la reelección y censuré la carencia de contrapesos para frenar el hiperpresidencialismo que la reelección implicaba (ANUARIO DE ANTIOQUIA, EL MUNDO, 2004).
En público he expresado mi discrepancia con la tesis de que en Colombia no hay conflicto armado. Sostengo, por el contrario, que sí lo hay pero que éste no expresa ya el conflicto social. Públicamente he cuestionado la propuesta del gobierno de abolir el delito político y sostengo la necesidad de conservar esta figura punitiva aún en contextos de democracia imperfecta como la nuestra. Eso sí, he sugerido la posibilidad de ampliar los tipos penales calificados como delitos políticos para dar cuenta de la evolución histórica de las acciones contra el Estado.
Hace un mes (8 de febrero de 2008) en EL COLOMBIANO expresé mi desacuerdo con una nueva reelección de Álvaro Uribe, por considerar que ella comportaría un proceso de desinstitucionalización del país, con grave peligro para la democracia. Nada más ayer, en clase, no dudé en calificar como violación al derecho internacional la incursión de fuerza armada colombiana en territorio ecuatoriano.
Si por pensar de esa manera y enseñar tales tesis me han catalogado como ideólogo del paramilitarismo, ustedes están cometiendo una grave equivocación. Un error que me crea grave riesgo en este huracán de violencia.
Sepan ustedes que no ocupo ningún cargo en el gobierno y he rechazado ocuparlos, porque prefiero conservar mi independencia intelectual y moral, la que me ha permitido disentir de éste o de cualquier otro gobierno. Vivo como un modesto profesor universitario, no gozo de ninguna prerrogativa del poder y me siento orgulloso de no disfrutar de ningún privilegio cortesano. Y creo que así debo seguir.
Indaguen por mí con la verdadera gente de izquierda, a quienes respeto y a veces admiro y con quienes comparto muchos puntos de vista y sueños, Mi maestro y amigo Carlos Gaviria lo sabe muy bien, mi colega Carlos Ballesteros, concejal del Polo lo atestiguaría también. ¿Acaso los organizadores del homenaje a Jesús María Valle invitarían a un "ideólogo" del paramilitarismo a participar con su palabra y su música en los actos de conmemoración del mártir de los derechos humanos?
Si ustedes aceptan el debate, estoy dispuesto a darlo. Si ustedes repudian a las organizaciones criminales y mafiosas, como yo las rechazo, debatamos sobre la forma de desterrarlas y de construir la convivencia dentro de la Constitución.
TULIO ELI CHINCHILLA
Profesor de la Facultad de Derecho
Universidad de Antioquia
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